PNL 53(X)/2015 RGEP.3977 - RGEP.3988/2015, RGEP.4786(X)/2015 y
RGEP.4800(X)/2015. Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, con
el siguiente objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a
modificar la Resolución de 16-09-15, de la Viceconsejería de Organización Educativa, por
la que se aprueba el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa para el curso
2015/2016, con el fin de incluir como actuación habitual de mayor relevancia o actuación
de atención preferente la supervisión de las condiciones de gratuidad de las enseñanzas
que se imparten en los centros privados concertados, en los términos fijados en el artículo
88 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
En primer lugar, tiene la palabra la señora De la Iglesia Vicente por tiempo máximo de diez
minutos.
La Sra. DE LA IGLESIA VICENTE: Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días. Voy a
comenzar con la defensa de esta proposición no de ley que traemos aquí, que creo que afecta a una
cuestión fundamental. (Rumores).
La Sra. PRESIDENTA: Les ruego silencio, por favor.
La Sra. DE LA IGLESIA VICENTE: Aunque la letra de esta proposición no de ley es muy
técnica, lo cierto es que aborda una cuestión fundamental, muy relacionada con los derechos de los
ciudadanos, los derechos de los alumnos y los derechos de las familias. Esta cuestión fundamental es
la libertad de elección de centro y su conexión con las garantías de gratuidad, que vienen expuestas
en el artículo 88 de nuestra ley orgánica vigente.
Efectivamente, para que verdaderamente sea una
realidad la libertad de elección de centro, es necesario que se garantice la gratuidad. Solo así es
posible hablar de una garantía de elección de centro en la que los padres puedan elegir los centros en
función del proyecto. Si existen barreras a la entrada, difícilmente se puede decir que existe una
libertad de elección de centro.
Por eso hemos llegado a un acuerdo -quiero felicitar por ello a esta Cámara- los distintos
Grupos Parlamentarios y hemos elaborado una transaccional que nos va a permitir aprobar –esperoesta
proposición no de ley con el acuerdo de todos sus miembros.
Nosotros hemos elaborado esta proposición no de ley, como decía, con ese doble objetivo
de hacer compatible la libertad de elección de centro con las garantías de gratuidad.
El origen de esta
cuestión viene de una serie de preguntas que nosotros hemos ido realizando, tanto en Comisión como
en el Pleno, requiriendo al Consejero cómo se iba a garantizar esa gratuidad de las enseñanzas en
todos los centros sostenidos con fondos públicos, al amparo del artículo 88.
Tras las respuestas que se nos dieron, que tenían que ver con la publicación de unas
instrucciones de la Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación, nos hemos dado cuenta de
que es necesario y complementario publicar, junto con esas instrucciones, un texto, dentro del Plan
General de Actuación, que complemente la ejecución de esas instrucciones; es decir, para que
verdaderamente esas instrucciones que supervisan el cobro de las actividades complementarias, de
los precios, de los servicios educativos, y que garantizan la gratuidad de las enseñanzas que se
imparten en el horario lectivo, y que tienen que ser gratuitas, es necesaria una actuación por parte de
la inspección educativa que garantice esa gratuidad por medio de la elaboración de un protocolo.
Efectivamente, en estas instrucciones figura... (Rumores).
La Sra. PRESIDENTA: Por favor, les ruego silencio o que bajen un poquito la voz por lo
menos. Perdone, señora De la Iglesia. Puede continuar.
La Sra. DE LA IGLESIA VICENTE: Muchas gracias, señora Presidenta. Entonces, una vez
que en el Plan General de Actuación publicado recientemente no se incluye como actuación habitual
de mayor relevancia ni preferente esta actuación de la inspección, nos ponemos en marcha para
elaborar esta iniciativa. Lo que nosotros queremos es dotar a la inspección educativa de un protocolo
que le permita verdaderamente ejecutar las instrucciones que el propio Gobierno ha establecido por
medio de esa regulación.
Por eso, nosotros traemos la necesidad aquí de, en primer lugar, como
primera medida, aplicar esas instrucciones este año, con los medios que existen; en segundo lugar,
este mismo año, un protocolo en el que los propios servicios de inspección elaboren cuáles son las
medidas que hay que tomar, las acciones y la temporalización de esas medidas a lo largo del curso
escolar, de forma tal que en el Plan General de Inspección del curso siguiente se incorpore esta
actuación como una actuación habitual de mayor relevancia.
No obstante, como nos ha parecido
importante la enmienda que había elaborado previamente el Grupo Parlamentario Socialista,
incorporamos a ese texto transaccional la necesidad de supervisar también los materiales escolares,
los libros de texto, dado el contexto en el que estamos ahora mismo de implantación de una reforma
educativa.
Por tanto, simplemente, para finalizar, quiero recalcar esa elaborada transaccional desde el
acuerdo de todos los partidos; este es el inicio -espero- de un pacto educativo, que es lo que
propugnamos desde Ciudadanos, y reiterar nuestro compromiso como Grupo Parlamentario con la
libertad, con la gratuidad y con la eliminación de cualquier barrera económica que ahonde o que
cercene la igualdad de oportunidades en educación. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario de Ciudadanos).
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De la Iglesia. Se ha presentado una
enmienda transaccional -como ya ha señalado la señora De la Iglesia- suscrita por los cuatro Grupos
Parlamentarios, y van a intervenir en primer lugar los Grupos enmendantes por un tiempo máximo de
diez minutos. Para ello, tiene la palabra el señor Moreno Navarro, en representación del Grupo
Parlamentario Socialista.
El Sr. MORENO NAVARRO: Gracias, señora Presidenta. Señorías, agradezco al Grupo
Parlamentario de Ciudadanos que traiga al Pleno la oportunidad de discutir algo sobre ese Plan
General de Actuación de la Inspección de la Comunidad de Madrid que fue publicado el 7 de octubre
de 2015. Hemos leído y trabajado este plan de inspección, y es verdad que tenemos muchas
objeciones al mismo, más allá de las que se sustancian en esta proposición no de ley, que con la
enmienda transaccional -que ya ha visto que vamos a apoyar- solo se corrigen parcialmente. En todo
caso, la primera, y quizá más importante, es que nos entran muchas dudas sobre el concepto de
inspección que de él emana y que parece que tiene la Consejería.
Ya teníamos muchas dudas sobre la característica principal de la inspección: la
independencia; pero ahora también sobre el modelo de inspección, que, como bien se sabe –para el
que no lo conozca, lo comento ahora-, se basa en tres pilares: la supervisión, que siempre es pasiva,
que es administrativa, que intenta controlar cosas que ya han pasado; la evaluación, que siempre se
produce a posteriori -es verdad que no arregla los problemas pero permite sentar las bases de
modificaciones o de reestructuraciones de las cuestiones para el futuro- y, el asesoramiento, que es
constructivo y que impulsa la mejora de la calidad.
Se puede añadir a esto, y de hecho se añade en el
plan: labores de administración, documentación, protocolos, etcétera, que tienen que cumplir los
centros escolares o los profesores, en su caso. Pues bien, si hacemos una mera exploración
cuantitativa del plan, nos dice que un 53 por ciento de las actuaciones son de supervisión, un 26 por
ciento de administración, un 13 por ciento de evaluación y solamente un 8 por ciento de ellas son
labores de asesoramiento. Conclusión a la que nos lleva este plan: más papeleo, más control y menos
apoyo a los centros.
Eso es lo que leemos de este plan, y es que es precisamente esa labor de
asesoramiento la que más valoran los centros educativos cuando se hace bien y con rigor y la
comunidad educativa se beneficia en general de una buena labor de evaluación. Es decir, los dos
elementos que deberían ser más atractivos en ese plan de inspección: la evaluación y el
asesoramiento, tienen un rol residual en todo el plan.
Y esto es especialmente cierto en unos momentos en los que la impaciente y precipitada e
improvisada implantación de la LOMCE hace surgir miles de cuestiones en su aplicación y en el
quehacer diario de todos los centros, sus profesores, sus equipos directivos, etcétera, y también hace
que todo esto sea especialmente relevante en momentos en que se ponen en marcha elementos
nuevos. Puede ser que algunos nos parezcan cuestionables pero, en cualquier caso, necesitan una
evaluación continua para su puesta en marcha.
Es verdad que también nos decepciona su estilo cualitativo; de entrada, el descuido formal
entre estructuras en una organización razonable de elementos y subelementos adecuada, lleva a que
sea difícil entender los objetivos y las actuaciones que se quieren poner en marcha. No sé si esto se
ha hecho con ese objetivo. La verdad es que hoy los computadores y los procesadores de texto hacen
milagros para estructurar los textos, pero lamentablemente todavía no pueden pensar por el que
escribe.
Además, su clasificación de actuaciones -y déjenme aquí buscar las palabras adecuadas- es
caprichosa; quizá, hasta sospechosa. Nos cuesta entender cómo no es actuación habitual de mayor
relevancia prioritaria cuestiones como el control de los pagos en los centros concertados o la
supervisión de los libros de texto; libros que son nuevos en el caso de todos los cursos en los que se
implanta la LOMCE y de los que ya nos hemos encontrado experiencias muy poco constructivas.
Resulta –y vuelvo a pensar la palabra- chocante que ninguna de las catorce actuaciones
descritas en el plan de actuación tengan que ver, al menos profundamente, con la supervisión e
inspección educativa de las actividades complementarias extraescolares y servicios escolares
complementarios ni con la atención especial que debe prestarse a la información proporcionada por
los centros a los padres y madres sobre el carácter voluntario de las actividades y servicios ofrecidos
de acuerdo con las instrucciones dictadas por la Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas.
¡He
tenido que leerlo! ¡He tenido que coger aire! Esto de los eufemismos tienen estas cosas: que
necesitamos muchas palabras para decir lo que se dice con palabras mucho más simples; así que voy
a traducir: se trata de las cuotas de escolaridad de abono requerido para que un chaval se matricule o
continúe en un centro concertado.
Nuestra contribución a la iniciativa se basa en hacer presente otro olvido y, de nuevo,
pongan comillas a esta palabra: labor de inspección de los contenidos de los libros de texto y otros
materiales curriculares, y especialmente ahora que, como ya he comentado, han tenido que
rehacerse, por cierto, incrementando sensiblemente los costes a las familias.
Nos parece necesario por
varias cuestiones: por una parte, para paliar todos los potenciales problemas que van a estar
provocados por la celeridad con la que se han tenido que realizar los libros de texto, y eso está
causado por lo tardío de los escritos de los contenidos; las editoriales han tenido que correr una
barbaridad para sacar adelante todos estos textos.
Por otra parte, porque es una obligación legal de alto impacto, a nuestro modo de ver. El
Real Decreto 1744/1998, de 31 de julio, sobre uso y supervisión de libros de texto, que nosotros
entendemos que está plenamente en vigor y que afecta a la comunidad educativa, plantea varias
normas y exige a la Administración su control; es bien cierto que a posteriori, porque siempre plantea
que no se requiere autorización para proporcionar libros al sistema escolar.
Entre las cuestiones que
recoge: que recoja los contenidos del currículum oficial y -esto es una parte sustancial para nosotros y
que viene recogido en el real decreto- no conculque principios de igualdad de derechos,
discriminación, respeto a las diferentes culturas, fomento de los hábitos de comportamiento
democrático y atención a los valores éticos y morales.
Hay otras cuestiones que recoge el decreto que para nosotros son sustanciales y que tienen
que ver –voy a simplificar- con la reutilización lo más posible de los libros para evitar que las familias
tengan que estar todos los años cambiando el material escolar, normas sobre las características de los
cuadernillos que se escriben encima, o la no renovación de los libros de texto cada cierto periodo.
Estos son elementos sustanciales para asegurar un acceso a la educación porque, si no, las familias
que están teniendo problemas para adquirir los libros de texto todavía se ven más perjudicadas.
Es verdad que ya hemos tenido una muy mala experiencia este año -experiencia de la que
todavía no conocemos ninguna actuación por parte de la Consejería- con el famoso libro –recordarán
ustedes- que contenía una biografía de esa Presidenta del Gobierno regional que pertenecía a un
partido con iguales símbolos que el que ahora gobierna. Todavía estamos por usar una palabra
también suave, conmocionados porque se sigan produciendo estos casos en la sociedad del
conocimiento y también, por qué no, por la blanda reacción del Gobierno regional.
No comprendemos
el contenido en sí, ni siquiera comprendemos por qué ese contenido está en un libro de texto de 6º
de primaria,.
Como parece que la proposición no de ley va a ser aprobada por el acuerdo final de todos,
nos complacerá comprobar, y haremos un seguimiento preciso, que la Administración ejerce la labor
de supervisión que le otorgan las normas y no solo reacciona ante denuncias individuales o sociales,
que es la actitud habitual. Hay que ser proactivo y no esperar a que se produzca una denuncia.
¡Tiempo habrá en esta Cámara para presentar propuestas de mayor calado que reformen más
profundamente la inspección educativa! Este es un compromiso nuestro, como Grupo Parlamentario
Socialista, que traeremos más adelante a la Cámara, con el objetivo de conseguir que este Cuerpo sea
un elemento esencial en la construcción de una educación con más entidad y calidad en la Comunidad
de Madrid. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Navarro. A continuación, en representación
del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Peral Guerra.
El Sr. PERAL GUERRA: Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, la Consejería de
Educación, que dirige el consejero Van Grieken, ha acreditado su compromiso con la actividad de la
Inspección, que es objeto de esta proposición no de ley: en primer lugar, con la instrucción de la
Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas al Estudio, de 16 de septiembre de 2015, sobre la
autorización de precios de actividades complementarias extraescolares y servicios escolares
complementarios en los centros concertados; sobre la supervisión de las mismas por la Inspección
educativa y sobre la información a los padres del carácter voluntario de estas actividades y servicios.
El mismo día, 16 de septiembre, la Viceconsejería de Organización Educativa, aprobó una resolución
recogiendo como actuación habitual en el Plan General de Inspección Educativa, la supervisión de
estas actividades y servicios, precisamente de acuerdo con las citadas instrucciones de la Dirección
General. Esta actuación se realizará por la Inspección educativa antes del 16 de febrero del próximo
año y, antes de la misma fecha, las direcciones de área territorial, remitirán un informe general sobre
las condiciones y precios de estas actividades y servicios en su ámbito de competencia.
Por estos
motivos, el Grupo Parlamentario Popular considera importante esta iniciativa y agradece a todos los
Grupos su flexibilidad y su buen sentido político por haber firmado entre todos una enmienda
transaccional a esta proposición no de ley.
Dicho lo cual, me gustaría aprovechar esta intervención para introducir una mayor
transparencia en el debate sobre la iniciativa social en la educación.
El derecho de elección de los
padres sobre la educación de sus hijos está amparado no solo por el artículo 27 de la Constitución española sino por seis tratados internacionales, a los que el artículo 96 de nuestra Constitución otorga
rango de ley interna; Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26; Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, artículo 18; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, artículo 13; Convención de la Unesco de Lucha Contra la Discriminación en la Enseñanza,
artículo 5.b); Protocolo número 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, artículo 2; Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.
Los centros concertados en España escolarizan al 27,4 por ciento de los alumnos de los
centros sostenidos con fondos públicos, pero ese porcentaje, señorías, no es igual en toda España: la
Comunidad de Madrid y Navarra tienen un 35 por ciento de alumnos en centros concertados
sostenidos con fondos públicos; Cataluña y La Rioja, el 31 por ciento. Y en el otro extremo de este
espectro tenemos a Andalucía, con el 22 por ciento; Extremadura, con el19 por ciento y, Castilla-La
Mancha, con el 15 por ciento.
El derecho de elección de los padres no es el mismo en toda España, y esto produce una
desigualdad entre los españoles, que encuentra difícil amparo en el artículo 27 de nuestra
Constitución y en los tratados internacionales que he mencionado antes. Gracias al apoyo de la
Comunidad de Madrid a ese derecho de elección de los padres, que incluye, entre otras medidas, el
área única, el 93 por ciento de los padres de alumnos de primaria consiguen que estos ingresen en el
sistema educativo en su centro de primera opción.
Según datos del Consejo Escolar del Estado, el gasto público destinado a los centros
concertados, que les recuerdo que escolarizan al 27,4 por ciento de los alumnos, es el 17 por ciento
del total, mientras que el 83 por ciento del gasto educativo se destina a los centros públicos, que
escolarizan al 72,6 por ciento. Tres sencillas divisiones permiten determinar que el gasto público por
alumno en los centros concertados es inferior en un 46 por ciento al gasto público por alumno en los
centros públicos.
Estas diferencias en el coste público de la plaza entre los centros públicos y
concertados se deben, entre otros factores, a que el módulo de gastos generales -históricamente
insuficiente para cubrir los costes reales- lleva congelado en España desde el año 2010 y en nuestra
Comunidad desde el año 2008 debido a las exigencias de la estabilidad presupuestaria. No parece
razonable seguir ignorando este hecho en el debate político, y yo confío en que con la mejora de la
situación económica y presupuestaria se encuentre una solución razonable para el futuro.
Cada nuevo
centro concertado supone atender la demanda educativa con una inversión media de 15 millones de
euros, que no tienen que salir de los presupuestos públicos, y la creación de cien nuevos empleos, el
70 por ciento de los cuales corresponde a mujeres. La Comunidad de Madrid, entre el año 2003 y el
año 2014, creó 282 nuevos centros públicos y 95 nuevos centros concertados; estos últimos, en 41
municipios. Es fácil observar que se crearon tres centros públicos por cada nuevo centro concertado.
Finalmente, señorías, quería decirles algo que es la primera vez que digo en una tribuna
pública: los electores madrileños apoyan a quien defiende el derecho de elección de los padres y
castigan a aquellos que lo ponen en peligro, a aquellos que lo amenazan.
No es una opinión, señorías,
son datos. En las elecciones municipales del año 2007, en los 24 municipios de la Comunidad de Madrid donde se celebraron concursos de suelo público para construir nuevos centros concertados, el
Partido Popular incrementó sus votos en un 5,94 por ciento; es decir, un 50 por ciento más que el
incremento del 4,04 por ciento que se produjo en el conjunto de los municipios de la Comunidad.
Apoyar el derecho de elección de los padres no es solo una obligación legal derivada de nuestra
Constitución y de los tratados internacionales citados sino algo requerido por el sentido común político
de un partido que quiera gobernar. Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular).
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario
Podemos Comunidad de Madrid, tiene la palabra la señora Salazar-Alonso.
La Sra. SALAZAR-ALONSO REVUELTA: Gracias, señora Presidenta. Señoras y señores
diputados, amigas y amigos, estamos básicamente de acuerdo con los principios que motivan esta
proposición no de ley, es decir, con la importancia de garantizar la gratuidad en las enseñanzas
sujetas a concierto educativo en los centros privados de la Comunidad de Madrid; pero nos gustaría
señalar una cuestión: creemos que nos hallamos ante un hecho insólito.
Desde comienzos de la Legislatura, hemos observado un comportamiento en el Gobierno
que se va convirtiendo en hábito. Basta con que alguien registre una iniciativa parlamentaria para que
rápidamente salga el Gobierno de la señora Cifuentes, dé una rueda de prensa en la que ofrezca el
titular como propio, presentando su contenido como idea propia y comprometiéndose a realizar
aquello que se solicitaba en la iniciativa recién registrada.
Eso ha pasado con la tarjeta sanitaria, en
las listas de espera, en la pobreza energética, en la aplicación del real decreto a los funcionarios, la
“Ley Virus”, el turno de oficio, etcétera. Todo, a golpe de titular, que no sabemos bien si se realizará
ni en qué condiciones, ni cuándo, ni cómo, ni con qué; pero el titular hay queda. Y no esperábamos
menos de esta iniciativa de Ciudadanos, sin embargo, en esta ocasión, el Gobierno de la Comunidad
de Madrid nos ha decepcionado: no hay rueda de prensa.
Y no solo es insólito porque parece que se aleja de la costumbre, sino porque quizás es la
iniciativa que tendría más lógica apoyar: en primer lugar, porque esta medida forma parte del pacto
de investidura que ha facilitado que la señora Cifuentes y que el señor Van Grieken estén sentados
ahí; porque es un compromiso adquirido que les permite gobernar y sobre el cual aún no han hecho el
mínimo gesto.
En segundo lugar, porque lo que se está solicitando es simplemente habilitar los
mecanismos que garanticen el cumplimiento de la ley; esto no debería ser ni siquiera motivo de una
petición ni de una proposición no de ley, sino que debería ser parte de la responsabilidad del
Gobierno. En tercer lugar, es que ya en esta Cámara se abordó el tema a partir de una pregunta del
Gobierno –lo comentábamos aquí-, a la que el señor Consejero le hizo la cobra con sorprendente
agilidad: se volvió a plantear en la Comisión de Educación y recibimos una respuesta que, siendo
benevolentes, califiquémosla de ambigua por parte de la viceconsejera, señora García-Patrón, que
apeló a una directiva que poco tenía que ver con el contenido de la pregunta.
Sin embargo, la señora
Cifuentes nos sigue decepcionando sin rueda de prensa, y es sorprendente porque, frente a otras
muchas situaciones, en la maraña de leyes y de decretos y resoluciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en este punto la ley es clara y conmina a la Administración a garantizar la
gratuidad de las enseñanzas en los centros sostenidos con fondos públicos, es decir, en los centros
privados concertados, y garantizar el carácter voluntario de las actividades escolares, extraescolares y
servicios escolares.
Pero volvamos al asunto. No solo lo que se demanda es simplemente la puesta en marcha
de los mecanismos que garanticen el cumplimiento de la ley sino que hemos visto en numerosas
ocasiones que este incumplimiento ha sido denunciado ante la justicia por las familias afectadas, y se
han visto en los tribunales, lo cual ha indicado en el pasado, e indica en la actualidad, la urgencia y
necesidad de vigilar esta garantía.
Desde 2010, la propia Consejería de Educación informa que hay más de diez casos que
están siendo investigados.
La propia FERE, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza,
advirtió por aquel entonces de la entrada de numerosas empresas ajenas al ámbito educativo que,
intentando amortizar lo más rápidamente posible su inversión, actúan casi al borde de la ley. ¿Y qué
medidas se han tomado en los sucesivos Gobiernos de la Comunidad de Madrid desde entonces? Se lo
digo con tranquilidad: ninguna. Solo eso hubiera valido para introducir algún mecanismo de control y
garantía.
En ese sentido, desde Podemos apelamos a la autonomía del Cuerpo de Inspectores, para
que puedan actuar con protocolos claros y que hagan su labor no dependiendo del poder político; un
poder político que lleva en la Comunidad de Madrid, en lo que se atiene a la vigilancia del
cumplimiento de esta ley, haciendo dejación de responsabilidad demasiados años.
Porque sigamos haciendo historia, y esta vez más cercana. Ya en marzo de este año salta a
la prensa el escándalo del caso Alfedel, que es la empresa que gestiona 19 centros educativos
privados con conciertos educativos y que está inmersa en una de las tramas de corrupción que
atraviesa la Comunidad de Madrid; 8 de sus centros se hallan bajo sospecha, y esto sí que mancha la
imagen de la educación concertada. No vigilar esto, ¡sí que lo mancha! Su antiguo compañero, el
señor Granados –ese que se sentaba hace unos meses donde ustedes están ahora sentados-, está
imputado por cobrar sustanciosas sumas a cambio de la concesión de conciertos.
Esto simplemente
bastaría para que, sin compromisos, sin preguntas en el Pleno, sin preguntas en la Comisión, sin
proposiciones no de ley, de motu proprio, en el mes de junio, hubieran establecido con claridad estos
protocolos. Eso y no proclamar a los cuatro vientos que son el nuevo PP habría hecho que se
distanciasen de las sombras de corrupción, que hacen que cada día caiga uno del partido en el
Gobierno.
Tienen ustedes una magnífica oportunidad ahora –se lo digo también al Gobierno- para, al
menos en el terreno de la educación, demostrar que están deseando plantar cara a la corrupción;
porque el que salga un caso más, bajo estas circunstancias, sin poner en marcha estos protocolos que
garantizan el cumplimiento de la ley, no simplemente les convertiría en responsables sino también en
cómplices.
Y no quisiera irme de aquí sin aludir a unas manifestaciones del Consejero de Educación a
las prensa la semana pasada y que tienen que ver con el tema que nos atañe.
En ellas, haciendo gala
de lo que desde mi punto de vista es una absoluta irresponsabilidad, se alegraba de que las familias escogiesen opciones educativas al margen de lo administrado de forma directa por su Gobierno. Se
alegraba porque -casi textualmente- “nos sale más barato”. Quizá a ustedes sí; no a las familias
madrileñas, en las que se ha instalado este copago educativo que son los colegios concertados,
cuando no se les vigila; no todos, pero desde luego, algunos sí.
Entendemos desde nuestra perspectiva que la educación es un derecho y que la
Administración tiene que velar por que la red que administra sea la de mayor calidad, para no obligar
a los madrileños a salir de ella. ¡Obligar! ¡Sí! Ustedes hablan de libertad de elección de centros, y ya
hemos visto en esta Cámara en qué consiste eso: en mantener a los centros públicos, cuya cuestión
les compete exclusivamente a ustedes, con excavadoras en el patio, sin profesores durante semanas,
con bajas que no se cubren en quince días, con un profesorado inestable que atiende a más
estudiantes de los que puede; centros, señor Van Grieken, con goteras, con patios destrozados, en
obras, sin calefacción y, a veces, sin suministro eléctrico.
¡Eso es su responsabilidad! Y de esta
situación son ustedes responsables.
El otro día hablaba con una madre de la AMPA del instituto Ciudad de Jaén y hablando de
las condiciones de su centro, de las que usted habrá tenido noticias, me despedía con una frase que
sintetizaba muy bien la política privatizadora del Gobierno: para ellos las piscinas, para nosotros los
charcos. Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid).
──── RESOLUCIÓN NÚM. 29/2015 ────
DEL PLENO DE LA ASAMBLEA, SOBRE PROPOSICIÓN NO DE LEY 53(X)/2015 RGEP.3977
El Pleno de la Asamblea de Madrid, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de noviembre de
2015, previo debate de la Proposición No de Ley 53(X)/2015 RGEP.3977, del Grupo Parlamentario de
Ciudadanos, aprobó la siguiente:
RESOLUCIÓN
La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid:
- 1.- A llevar a cabo este curso una evaluación de las actuaciones habituales que se contemplan en el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2015/2016, para supervisar las actividades complementarias extraescolares y servicios escolares complementarios.
- 2.- A elaborar un protocolo para su inclusión como actuación habitual de mayor relevancia para el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2016/2017.
- 3.- A llevar a cabo dentro del Plan General de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2016/2017 como actuación habitual de mayor relevancia, una supervisión muestral, de acuerdo con la legislación vigente, de los materiales curriculares, incluidos los libros de texto, de las programaciones didácticas.
